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ICIO Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras

El Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras está regulado en los artículos 100 a 103 del Texto refundido de la Ley Reguladora de Haciendas Locales, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo.

Definición

El ICIO es un tributo municipal que los ayuntamientos pueden exigir si previamente así lo han decidido y han aprobado la Ordenanza fiscal correspondiente.

El ICIO se debe pagar por la realización dentro del término municipal de cualquier construcción, instalación u obra para las que haya que obtener una licencia urbanística o presentar una declaración responsable o una comunicación previa.

La obligación de pagarlo nace en el momento de iniciar la construcción, instalación u obra, aunque no se haya obtenido la licencia correspondiente o no se haya presentado la declaración responsable o la comunicación previa.

¿Quién debe pagarlo?

Como sujetos pasivos contribuyentes, las personas físicas, las jurídicas y las entidades del artículo 35.4 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, que sean propietarias de la construcción, instalación u obra, aunque no lo sean del inmueble sobre el que se hace. Se considera propietario de la construcción, instalación u obra a quien asume el gasto de realizarla.

Si la construcción, instalación u obra no se hace por el propietario de éstas, serán sujetos pasivos en calidad de sustitutos del contribuyente quienes soliciten las correspondientes licencias o realicen las construcciones, instalaciones u obras. Los sustitutos pueden exigir al contribuyente la cuota tributaria satisfecha.

Liquidación del impuesto

La base imponible del ICIO está constituida por el coste real y efectivo de la construcción, instalación u obra, que a estos efectos se asimila al coste de ejecución material, dentro del cual no se incluyen los honorarios profesionales satisfechos por la redacción del proyecto de obras, ni los abonados por la dirección técnica, ni los tributos relacionados con la construcción, instalación u obra ni cualquier otro gasto que no tenga la consideración de coste de ejecución material.

La cuota tributaria es el resultado de aplicar el tipo de gravamen vigente en el momento de iniciarse la construcción, instalación u obra sobre la base imponible.

Los ayuntamientos pueden regular en la Ordenanza fiscal las bonificaciones que prevé la normativa reguladora de las Haciendas Locales, así como la deducción en la cuota íntegra o bonificada del ICIO del importe satisfecho en concepto de tasa por el otorgamiento de la licencia urbanística correspondiente.

En el momento de conceder la licencia o, si no ha sido así, en el momento de iniciar la construcción, instalación u obra, los ayuntamientos exigen un pago a cuenta, ya sea mediante una liquidación provisional o, si la Ordenanza fiscal lo establece así, mediante una autoliquidación que debe presentar el obligado al pago del ICIO. El pago a cuenta se calcula a partir del presupuesto de las obras o de los módulos que recoge la Ordenanza fiscal, si se ha establecido este segundo sistema.

Una vez finalizadas las obras, y previa comprobación administrativa, el ayuntamiento practicará la liquidación que corresponda, de la que puede resultar una cantidad a devolver al sujeto pasivo o bien una cantidad adicional a ingresar por éste. Por este motivo las ordenanzas fiscales exigen que el sujeto pasivo presente, dentro del mes siguiente a su terminación, una declaración en la que haga constar el coste real y efectivo de la obra ejecutada, a la que adjuntará la documentación acreditativa.


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